Gasto en formación: cursos frente a universidades

Debido a dos escándalos de presunta corrupción en la Comunidad de Madrid y en Andalucía, los cursos de formación han vuelto a saltar a los medios de comunicación estos días.   En un interesante artículo,  periódico digital "El Confidencial" ha publicado que la Junta de Andalucía ha destinado a partidas de formación una cantidad cercana a los 7 mil millones de euros en el periodo 2007-13.   En la noticia comparan esta cantidad con el coste de la construcción del AVE Madrid-Barcelona.

 Me parece más pertinente comparar los casi 7 mil millones de euros  con el  presupuesto de una Universidad, cuya principal actividad es también, al fin y al cabo,  también la organización de cursos,  además de la labor investigadora.  Por ejemplo,  el presupuesto anual de la Universidad de Alicante es de unos 200 millones de euros.   La Universidad de Alicante cuenta con casi 30 mil estudiante y más de 2 mil profesores.  A razón de casi mil millones de euros al año,  la junta de Andalucía habría dedicado a cursos de formación el equivalente al presupuesto de cinco universidades como la de Alicante. 

Para no salir de Andalucía,  el presupuesto anual de las universidades de Granada y Sevilla, con más de 110 mil estudiantes en total,   no suma mil millones de euros al año.  Por tanto, incluso aunque cada euro destinado a cursos de formación hubiera sido gastado en escrupuloso y estricto cumplimiento de la ley,  el volumen del presupuesto dedicado a estos cursos plantea cuestiones que van mucho más allá de si hay, o no, un escándalo de corrupción: ¿es sensato que se invierta semejante dineral en cursos de formación, impartidos por organizaciones (sindicatos, patronales)  que no cuentan con la infraestructura, los recursos humanos y la experiencia para ello?.  ¿ Existe algún tipo de evaluación sobre los beneficios de los cursos? (y me refiero claro, a la inserción y/o promoción laboral de  los alumnos, no al lucro de los organizadores). ¿Ocurre lo mismo en todas las comunidades autónomas?

Si la formación universitaria deja mucho que desear en España, cuesta ser optimista al respecto de la eficiencia de una inversión tan grande, en manos de organizaciones como sindicatos y patronales. Creo que este debería ser el debate. Y además, si alguien ha trincado, que caiga sobre él todo el peso de la ley.